Por. Russell Mariano
En materia electoral, todo proceso
de elección, que se diga llamar democrático, es digno de analizar en relación a
los principios que la descripción de la democracia misma establece, tal es el
caso de los 417 municipios que eligen a sus autoridades municipales mediante un
sistema normativo interno, la diversidad es cuantiosa, lo mismo puede darse
mediante asamblea o votación directa por urnas, ambas figuras son reconocidas por
el órgano electoral local, sin embargo, existen dos elementos a debatir, para
el tema que nos ocupa: la proporcionalidad de los votantes y la representación
como garantes de un proceso democrático ¿se cumplen o son violentados en la
práctica? El cuestionamiento surge a razón de las continuas impugnaciones para
la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos en dichos
procesos.
1. Del
principio de proporcionalidad ¿Qué porcentaje de los ciudadanos designan,
mediante su voto, a sus autoridades municipales? Si hablamos de democracia el
gobierno electo sería designado por el cincuenta por ciento más uno de los
electores, en ese sentido ¿las asambleas y las elecciones por urnas son
representativas en relación a la proporcionalidad del padrón electoral? La respuesta
institucional descansa en la libre determinación del ciudadano, práctica que
incentiva la imposición.
2. De
la representación ¿Quién decide las candidaturas? Este momento en todo proceso
electoral es significativo, de ello depende la aceptación ciudadana y la
intención de voto, en otras palabras, la inclusión se gesta desde la conformación
de una planilla, de no ser así la representación es una categoría muerta y la
práctica se visualiza más distante de la democracia. Para fundamentar, los
sistemas normativos internos de los municipios regidos bajo este formato
descienden de las prácticas de grupos étnicos, en este caso ¿Los grupos étnicos
tienen representación? Y en materia de género ¿Cómo se participa la mujer de
estos procesos? Grupos étnicos y género son dos temas que serán analizados en
escritos posteriores.
Si no hay proporcionalidad en el
porcentaje de electores, si no hay garantía de participación efectiva (votar y
ser votado), si no hay representación de grupos étnicos y de mujeres en el proceso
electoral, no podríamos hablar de comicios electorales justos, hablaríamos entones
de claras imposiciones, en estos casos hablar de democracia es muy aventurado,
de hacerlo sería engañoso y confuso, y si la intención de las instituciones es caminar
hacia ella es urgente establecer los principios democráticos como requisitos
inalienables de todo proceso electoral, aclarando que los comicios representan
solo un engrane en la construcción de la verdadera democracia.
Por su parte, el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO)
tiene la tarea de promover, observar y validar las elecciones desarrolladas
mediante las formas propias de cada municipio, en otras palabras “que haya
elecciones” ‘¿Democráticas? No necesariamente, lo dejamos en “decisiones” pues
en la mayoría de los casos, derivado de una tradición caciquil y de control de
grupo, la exclusión de comunidades y mujeres es un hecho que inunda los
tribunales en materia electoral, de ahí la necesidad de un análisis contextual de
cada municipio. Hoy la crítica es fuerte para el IEEPCO pues en los municipios
donde, por razones diversas, existan irregularidades en su proceso de elección habrá
ausencia de autoridad misma que se suple con la figura de un “administrador”
que hace las funciones de la autoridad municipal ¿A quién beneficia? E ¿Intereses
de quienes afecta? Son cuestionamientos que responderé en otro escrito.
A manera de conclusión, si se
cuidaran los criterios arriba plasmados más del cincuenta por ciento de los
municipios regidos , en su proceso electoral, bajo el esquema de sistemas normativos
internos estarían sin autoridad municipal, es necesario accionar, de manera
gradual y en apego a los principios democráticos, un gobierno elegido
democráticamente goza de legitimidad, situación que en el ejercicio de sus
funciones las posibilidades de coparticipación son elevadas, hecho que permitirá
generar las condiciones para impulsar la participación ciudadana.
