Por. Jaime Dahir Arista Hernández/Politólogo
Es evidente para el grueso de la ciudadanía mexicana la caída vertiginosa de la credibilidad y la confianza de las instituciones denominadas, principalmente los partidos políticos cuyas funciones dentro de una democracia representativa es elemental. Varios instrumentos de medición de la opinión pública en México, demuestran que los partidos políticos se enfrentan a una crisis profunda en aquéllos aspectos fundamentales para el desarrollo de un clima social favorable para el establecimiento de un régimen, sistema o gobierno democrático.
Inclusive se podría argumentar que a la crisis de los partidos políticos se suman otros factores que detonan de igual forma en situaciones de gravísimas consecuencias para la sociedad mexicana. Amplias zonas del país se encuentran bajo dominio violento y cuasi absoluto del crimen organizado: la corrupción e impunidad rampantes de los gobiernos en sus tres niveles (desde alcaldes municipales hasta el propio presidente de la República); una economía nacional que empeora cada vez más, débil y sujeta a las variables externas; la inseguridad pública acrecentada de forma exponencial (derivada en buena parte del desempleo generalizado que prevalece en el país), entre otras.
Sin embargo, la crisis de credibilidad y confianza de los partidos no es gratuita; se debe a un sinnúmero de atropellos a la ciudadanía, a las instituciones del Estado y a la democracia misma. Las causas de mayor empuje están vinculadas con la deficiente (por no decirlo de otra manera) representación política de los partidos cuando se convierten en gobierno, la corrupción política de las cúpulas dirigentes, el desdén de las élites partidistas por las prácticas y los procesos democráticos en la definición de candidatos a puestos de elección popular, que cabe señalar, la mayoría de las veces no corresponden a las expectativas de militantes, simpatizantes y/o ciudadanos en general, sino a la lógica de los intereses de los grupos de poder dominantes.
Ante este escenario poco alentador para la participación ciudadana en el proceso electoral intermedio, se abre un intenso debate académico, mediático y público sobre el comportamiento de los partidos, su rol en nuestra democracia y el papel del ciudadano en las elecciones. El planteamiento es ¿Votar o no votar? Incluso, de manera más precisa, sería ¿Votar o abstenerse de hacerlo?
Es decir, ejercer un derecho consagrado en nuestra constitución política o simplemente, a manera de protesta, no ejercerlo, dado las condiciones actuales, en donde los actores partidistas han borrado sus fronteras ideológicas, utilizan el clientelismo electoral como fórmula para la consecución de apoyos electorales, sus ofertas políticas osan en la demagogia y están desconectadas radicalmente de las problemáticas nacionales. El argumento central es que “todos son iguales” y por lo tanto da lo mismo votar por uno o por otro, si las cosas no van a cambiar, permanecerán iguales.
Sin embargo, los defensores de este planteamiento se olvidan que el fundamento de la democracia liberal es la representación política que se sustenta en el voto ciudadano en las elecciones populares. Grosso modo, el voto ciudadano es uno de los más poderosos derechos de los hombres y mujeres a través del cual se pueden manifestar posiciones a favor o en contra de la gestión del gobierno en turno; es decir, se puede votar por la continuidad o por el cambio.
No votar en cambio, significa entre otras cosas, anularse, no participar, no actuar, no ejercer nuestros derechos políticos, lo cual no tendría un impacto positivo en el actual electoral, pues el entramado institucional es estrictamente cuantitativo, no cualitativo; por lo tanto, cualquier candidato de uno de los partidos políticos podría ganar con un solo sufragio a su favor y sería, con un voto, alcalde, diputado local o federal, o gobernador.
No votar traerá consecuencias mucho más negativas para nuestra endeble democracia, orillaría a los ciudadanos a olvidarse de una buena vez y para siempre de las elecciones como el método pacífico y democrático para la elección de sus gobernantes. Impondrían la idea errada del camino de la violencia para la consecución del poder público.
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