Cuernavaca: En vísperas de una nueva administración ¿Quién gana y quién pierde?

Fuente. http://www.zonacentronoticias.com/wp-content/uploads/2012/08/Ayuntamiento-de-Cuernavaca1.jpgv 

*La algarabía por el “cambio” de funcionarios públicos opaca la demanda de un proyecto municipal.

Por. Carolina Fuentes & Russell Mariano

A manera de introducción iniciamos con la siguiente interrogante ¿Qué espera el ciudadano al cambio de un presidente municipal a otro? La mejor respuesta se vuelca en el clamor continuo de la población que habita en el municipio de Cuernavaca, y es la de tener un municipio que garantice la seguridad pública, social y económica de sus habitantes. Partiendo de esa concepción general, centramos nuestro escrito en dos aspectos primordiales, la seguridad pública, y la situación financiera.

El municipio de Cuernavaca cuenta con 365 168 habitantes, conforme a datos de la tercera encuesta nacional sobre inseguridad llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), de ese total, 5 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en esta ciudad, y como no estarlo, si el 70% de agravios se han ejercido bajo la presión de un arma mortal, cifra que se ubica arriba de la media nacional. Datos alarmantes que demandan políticas públicas urgentes para enfrentar la grave crisis de seguridad en la que se vive.

Las estadísticas y la percepción ciudadana nos hablan de un grave problema de seguridad pública, y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste es uno de los servicios públicos que tiene como obligación brindar el municipio, el resto de responsabilidades puede verse en el artículo 115 del documento ya citado. Atender dicha situación debiera ser una de las prioridades de los gobiernos, más aún, cuando en aras de un ejercicio democrático los ciudadanos designan al nuevo presidente, y bajo el mismo marco legal, éstos últimos tienen el derecho de exigir un programa de trabajo profesional con políticas y programas de trabajo que enfrenten el problema a profundidad y se garantice el Estado de Bienestar para toda la población.

Por otra parte, en materia económica, para ser precisos en el tema de deuda pública, a Cuernavaca se le a asignado la calificación  HR BB con Perspectiva Estable, calificación, que en escala local, se considera que el emisor ofrece insuficiente seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda, de igual forma bajo los mismos estándares de medición se establece que mantiene un alto riesgo crediticio como lo describe la empresa HR Ratings (Credit Rating Agency) institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y registrada ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación.

Para designar dicha calificación HR Ratings considera diversos aspectos, como referencia particular, nos centramos en la Deuda Total creciente de 2010 a 2012, misma que arroja los siguientes datos: Al cierre de 2012, la Deuda Total de Cuernavaca era de P$876.9m, dada la contratación del crédito con Bancomer y el saldo insoluto de Bajío. En 2013 este total ascendió a P$614.9m, mientras que a agosto de 2014, la Deuda Total es de P$712.6m, total que incluye los créditos de Mifel, Bajío y Banorte con saldos insolutos de P$132.8m, P$539.3m y P$40.5m respectivamente. Asimismo, el Servicio de la Deuda se ubicó en 7.0% al cierre de 2013, derivado de que únicamente se contaba con 2 créditos ese año. HR Ratings estima que esta métrica se ubique en 11.6% y 11.2% en 2014 y 2015 respectivamente, derivado del pago de capital de los créditos vigentes (HR Ratings Finanzas Públicas 5 de diciembre de 2014). Otros aspectos considerados lo fueron el Vencimiento anticipado y posterior default de un crédito estructurado en 2012, por uso de recursos para un fin distinto al estipulado en el contrato de crédito, los Niveles de Deuda Neta a ILD (Ingresos de Libre Disposición) altos durante el periodo de análisis, entre otros. Como puede observarse la situación financiera de Cuernavaca no es del todo sana, en este sentido la deuda pública es algo urgente por resolver, frente a esta situación, la nueva administración tendría que presentar una medida de rescate de las finanzas públicas que les permita enfrentar la crisis financiera nacional y atender las demandas de los cuernavacenses, pues ha sido la necesidad de cambio lo que ha vertido el ciudadano al emitir su voto, un compromiso de quien se postula y de quien lo elige.

Con los datos presentados sobre la inseguridad y la deuda pública, revisar las condiciones económicas, de seguridad social, justicia y administración pública del municipio de Cuernavaca nos lleva a entender las necesidades que tiene, muchas de ellas son identificadas y evidenciadas mediante el análisis estructural de académicos de las diferentes disciplinas, también mucho se ha escrito sobre las alternativas de solución, el punto radica en la dirección política que adopte quien presida el municipio, en este caso, llega a la presidencia, bajo el preámbulo de una herramienta democrática, un partido de dimensión local encabezado por el futbolista Cuauhtémoc Blanco, entonces ¿Cuál es su proyecto? Cuestionamiento enfatizado desde la sociedad civil como un acto de transparencia en el arranque de un nuevo periodo en la administración pública municipal.

Otro elemento de vital relevancia en la función pública, es el impulso a la profesionalización de la administración pública, eje y programa de trabajo impulsado desde la administración Federal y Estatal, sin embargo, pocos resultados se han observado hasta ahora. Frente a esta situación, valdría la pena cuestionarnos como ciudadanos, primero ¿Impacta el servicio público en nuestra vida cotidiana? segundo, de tener ésta una respuesta afirmativa ¿a quién delegamos esa responsabilidad de decisión? Y tercero, estas personas a quienes se les delega ¿Adoptan la profesionalización como herramienta primordial en el ejercicio de sus deberes?

Tres cuestionamientos que nos ayudarán a entender la relevancia del papel del ciudadano en la toma de decisiones. En el orden enunciado, los ciudadanos reconocemos la dimensión del quehacer público, desde el enfoque institucional, la figura del órgano rector en la procuración del bien común, segundo, como colectivo, al decidir, mediante el sufragio, sobre nuestros representantes, cumplimos con nuestra responsabilidad cívica, pero no dimensionamos la relevancia de nuestra acción, en tanto se podría plantear que nuestro voto se va a un desconocido, como ciudadanos no conocemos por quien votamos, el arrepentimiento viene ya en la forma de gobierno, y por último, el tema de la profesionalización, actividad de la que todos hablan y que pocos aplican,  a otros tantos les es indiferente, en tanto no exista una exigencia social, de ahí, la gran contradicción social en México, exigir al trabajador mayor formación académica y como gobierno, ser indiferente a los mismos estándares de evaluación promovidos desde sus entrañas, solo para ejemplificar, en la administración pública el ejercicio profesional de carrera es letra en el estanquillo de espera.

Quizás surja una controversia por lo aquí planteado, entonces, para confirmar nuestro señalamiento, y suponiendo que los gobiernos acatan y promueven la continua profesionalización de la administración pública, preguntamos ¿Qué institución realiza un diagnóstico de conocimientos generales en administración municipal a los nuevos ediles? Como ciudadanos buscamos eficiencia y eficacia, entonces ¿Por qué no exigirla en los gobiernos? Si es precisamente en esos espacios donde se acciona para emplear las políticas que orientan el destino de la sociedad, además, constitucionalmente se establecen las obligaciones básicas de una administración pública, y pareciera que muchos funcionarios desconocen las actividades que deberán desarrollar en su periodo de gestión, cuando esto sucede, el municipio entra en una serie de conflictos de operación, esto se puede constatar, de manera inmediata, con la pésima prestación de los servicios públicos; agua potable, electrificación, vías de comunicación, servicio de limpia, educación, por citar los más básicos.

Los servicios públicos enunciados, y los demás que demande la misma sociedad dada su extensión territorial y crecimiento demográfico, queda en responsabilidad de un Ayuntamiento, siendo su principal función, la de administrar equitativamente los recursos municipales, responsabilidad que el ciudadano delega mediante el “voto”, y deposita en una persona (hombre o mujer) la facultad para tomar las decisiones que más beneficien al desarrollo del municipio, ayudantías, colonias, barrios, no pudiendo detenerse simplemente en la remodelación de un centro histórico.

Frente a esta situación, asumiendo nuestra responsabilidad, como ciudadanos, antes de emitir un voto ¿pensamos en las necesidades de nuestro municipio o al calor de una ilusión solo vemos en las propagandas, una figura de la farándula o en un jugador, la opción para integrar un gobierno? Podremos considerarnos, entonces, cómo una sociedad con responsabilidad cívica y ética.

Para muchos comentaristas, el arribo de un futbolista a la administración pública se centra en los retos que debe afrontar, aclaramos, ningún municipio puede considerarse un reto gobernarlo, pues contender por administrar una ayudantía, un municipio, un estado o una nación responde a la responsabilidad y al compromiso con la sociedad que adquiere la persona que pretenda ocupar tal espacio, asumirlo como un reto simplemente evidencia la ignorancia de no saber lo que se hace y habrá que enfrentarlo como se pueda, de ahí la destrucción de lo que es la función pública, de ahí la irresponsabilidad en la toma de decisiones equivocadas que en repetidas ocasiones quién acaba pagando los errores son los gobernados, basta con retroceder para ver las suplicas ciudadanas al no contar con el servicio de agua, al pasar penurias por no tener donde depositar la basura, por citar algunos ejemplos, en ese sentido el ciudadano no solo otorga el poder a una persona para administrar los recursos, también los responsabiliza y está en todo su derecho de observar su desempeño, evaluarlo y, si lo considera conveniente, removerlo mediante las formas establecidas constitucionalmente, en ese sentido hablaríamos de un principio de democracia, el resto es demagogia.