¿Un Estado fallido?

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Por. Ramón John

¿Estamos encaminados a un precipicio llamado Estado fallido? En una colaboración anterior expuse a grandes rasgos el papel de la Administración Pública como instrumento del gobierno para que el Estado diseñara políticas que buscaran el desarrollo del país, si bien el tema es polémico y genera amplio debate, es de resaltar su vigencia en estos tiempos donde se cree que todo debe dejarse al libre mercado, sin considerar las características de la sociedad y las limitaciones que tienen las empresas en naciones como la nuestra, donde precisamente el Estado debe intervenir para subsanar carencias que no son atendidas por el mercado y con ello auxiliar en la producción y distribución de bienes y satisfactores. De lo anterior se desprende que es necesario un Estado fuerte bajo la observancia y cumplimiento de la Ley para controlar el empuje de las empresas al amparo de la ola neoliberal que solo buscan sectores redituables pero se olvidan de los grupos vulnerables, en términos generales salvo algunas actividades además de la seguridad interior y exterior, el Estado debe ser vigía de que todo fluya para favorecer la oferta y la demanda. ¿Cómo se traduce esto para con la sociedad? La referencia obligada son los Estados Unidos, que es el modelo de “libre mercado” más cercano asimilado por parte de la tecnocracia y de la clase política, convirtiéndose en sacrosanta imagen la cual debemos convertirnos a imagen y semejanza; el vecino del norte, como es bien sabido, cuenta con empresas en constante competencia dentro y fuera de su territorio en esta era de la globalización, pero todas tienen que rendir cuentas a la ley de su país y no donde se encuentran elaborando sus productos, lo que obligó a establecer un marco jurídico “capaz de someter” a todas esas empresas a los objetivos de la política imperial de la Casa Blanca –aunque entrecomillado existe una mayor obediencia a las normas a diferencia de otros países como el nuestro-, si bien suelen darse casos de corrupción o evasión de las leyes, en general el gobierno estadounidense mantiene bajo control a su sector empresarial, pero no se puede decir lo mismo cuando se trata de respetar el derecho de los países donde se asientan sus fábricas, maquiladoras y subsidiarias. En contraparte, nuestro país las leyes se han diseñado a modo para atraer al capital con pocas obligaciones para ellas, pues tienden a satisfacer las necesidades empresariales y no las que requiere la sociedad, recuérdese el famoso cabildeo o maiceada que le hacen a los diputados y senadores las distintas empresas que buscan prevalecer sus intereses ya sea las televisoras, las energéticas, las de alimentos, las de comunicaciones y las que usted guste. Este breve marco referencial nos obliga a cuestionar a estas alturas si México está en vías de convertirse en un Estado fallido porque lejos, muy lejos de alcanzar óptimos grados de crecimiento y desarrollo, el país navega en una inercia sin objetivo claro y preciso, no aspiramos a ser un país de primer mundo, nos conformamos con convertirnos en un primer país maquilador, así de simple y sencillo. La corrupción, el narcotráfico, la violencia, la represión, la inflación, la carestía, los salarios de miseria, la violación de derechos humanos, la desaceleración económica, etcétera, son más comunes desde que aplicaron las recetas del Consenso de Washington en la década de los 80´s y se han acentuado más a raíz de la apertura económica con el TLC en 1994 como si fuera la mismísima Caja de Pandora, pues aunque existían todas esas condiciones, ahora son cada vez más profundas, más marcadas y con mayores repercusiones siendo el resultado de aplicar políticas fuera de nuestra realidad; así que tampoco es casualidad la imposición de presidentes que tratan de profundizar en mayor medida la desregulación económica, la apertura comercial, y por supuesto la privatización de todos los bienes de la nación. Cabe entonces reflexionar ¿estamos en la antesala de un Estado fallido? Si el modelo no ha funcionado, entonces hay que modificarlo hay que cambiarlo, y la Administración Pública es la herramienta más adecuada para ello.